Hacia una Política de Inteligencia Artificial en la Unión Europea y España

La Inteligencia Artificial (IA) es uno de los temas que recientemente ha concitado mayor interés en el debate público sobre el presente y futuro de nuestras sociedades y democracias. La cantidad de libros, artículos, comentarios, informes, webinars, etc., sobre las oportunidades y amenazas abiertas por la IA resulta más que abrumador. No son tan abundantes las evidencias que disponemos sobre sus efectos y resultados reales en las instituciones políticas y las administraciones públicas, o entre el personal público y la ciudadanía. Sin embargo, la confirmación de que la IA ha entrado definitivamente en la agenda gubernamental durante el 2020, tanto en la Unión Europea como en España, es la publicación del Libro Blanco sobre la IA y laEstrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), respectivamente. Al hilo de la apertura de esos procesos de adopción de la IA en la agenda gubernamental, y por tanto la superación de la fase de deslumbramiento inicial, las siguientes líneas se proponen no sólo conocer algo más sobre el “enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza”, sino también reflexionar sobre las implicaciones de este marco para el sector público español. Todo ello, en un momento de transformación de la gestión y las políticas públicas, en el que se deberán optimizar fondos europeos Next Generation, para implantar proyectos de digitalización del sector público con la IA y los grandes datos en el centro. 

Como han puesto en evidencia diferentes estudios recientes, y de ahí su interés, la gobernanza de los algoritmos y la reciente evolución de la IA indicarían un progresivo cuestionamiento de equilibrios democráticos básicos de nuestras comunidades políticas. Así lo sugieren experiencias recientes, incluyendo el crecimiento de los problemas relacionados con las cámaras de eco polarizadoras y la difusión de noticias falsas en redes sociales, que habrían tenido un impacto directo en el fortalecimiento de posiciones políticas extremas. Así también ha sucedido con los riesgos que supone para la privacidad y la seguridad de los datos personales la actuación con mínimos controles de grandes plataformas que estarían consolidando el llamado capitalismo de vigilancia. Por no hablar de los sesgos éticos y discriminatorios en la prestación de servicios públicos, debido al perfilado de usuarios, basado en algoritmos opacos implementados por algunas agencias públicas. 

Ante este panorama, las instituciones europeas han ido configurando un marco de política de IA orientado a la promoción de una vía autónoma, y alternativa, respecto de los dos líderes globales. Desde 2018, el relato construido por la Comisión Europea evita entrar en la carrera entre China y Estados Unidos por el liderazgo en el desarrollo de la IA. Más bien, se pretende un camino propio para alcanzar las oportunidades que brinda la IA, pero con un enfoque más humano, ético, seguro y próximo a los valores democráticos fundacionales europeos. Por decirlo de otra manera, se ha renunciado a asumir el ritmo sin control de los grandes gigantes económicos de la economía digital (GAFAM), de un lado, al mismo tiempo que se evita la deriva hacia un modelo de datacracia fundado en un control gubernamental masivo. 

Lo anterior ha quedado explicitado en el mencionado Libro Blanco sobre la IA,  publicado justo antes de la expansión global de la pandemia del COVID-19. Dentro del Libro Blanco, y en línea con algunos actores internacionales como Naciones Unidas, OCDE o Consejo de Europa, la Comisión Europea ha definido un marco para las políticas nacionales de IA que pone el acento en la necesidad de un equilibrio complejoentre los principios de excelencia y confianza. Por un lado, la UE desea situarse al máximo nivel posible de excelencia entre los principales ecosistemas de innovación globales. El objetivo de ello sería lograr que la IA debe extenderse lo máximo posible en todos los sectores económicos, generando las máximas oportunidades desde la perspectiva de crecimiento y difusión tecnológica.  

Por otro lado, lo anterior va de la mano de la confianza y un marco regulador que facilite las oportunidades al mismo tiempo que controla las amenazas. El objetivo aquí sería el respeto a derechos fundamentales (protección de datos personales, privacidad o no discriminación), por ejemplo, mediante el cumplimiento de determinados requisitos de los sistemas basados en IA durante su proceso de entrenamiento, la existencia de registros de datos, la solidez y exactitud de los mismos o la garantía de supervisión humana. Aquí también se debería atender otras cuestiones que también han apuntado organismos como la Naciones Unidas o la OCDE, tales como la explicabilidad de los algoritmos, los sistemas de auditoria, los mecanismos de rendición de cuentas por decisiones basadas en sistemas de machine learning, etc.  

Al mismo tiempo, el marco de la política de IA de la UE también ha incidido en la necesidad de diferenciar el desarrollo de la IA desde gobiernos y administraciones, junto a la promoción de la IA en gobiernos y administraciones públicas. Al margen del papel impulsor en los diferentes sectores económicos a través de diversos mecanismos financieros y de otro tipo, gobiernos y administraciones son también un objetivo directo de la política de IA en sus dinámicas de gestión. De hecho el Libro Blanco también reserva un apartado a este ámbito, de manera que se puede sostener que el marco de política que propone la UE sugiere la necesidad de focalizarse en los sectores públicos de salud y transporte, aquellos en los que se estima que las tecnologías de IA están lo suficientemente maduras para su adopción e implementación a gran escala. También se hace especial hincapié en transformar los procesos de contratación pública mediante la IA. 

Sin embargo, parecen quedar a un lado, al menos de momento, cuestiones de mayor calado. En este apartado se incluiría cómo la IA puede ayudar a mejorar los procesos de adopción de decisiones en el sector público, cuál es la aportación de la IA al diseño de las políticas públicas o qué oportunidades ofrece la IA para desarrollar modelos de gestión pública colaborativa e innovación abierta con la ciudadanía de cara a generar valor público. En definitiva, no se define con nitidez el impacto de la IA en la gestión de las administraciones públicas, al mismo tiempo que no se tiene en cuenta la combinación de inteligencias (artificial, institucional y colectiva) en la promoción de nuevas formas de solución de problemas colectivos cada vez más complejos. 

A partir de este marco definido desde la UE, el caso de España puede servir de banco de pruebas para explorar en qué medida se está europeizando la política de IA. Lo primero que habría que señalar es que la incorporación de la IA en la agenda gubernamental en España es muy reciente. Al margen de algunos hitos previos (por ejemplo, la Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial en 2018 o la creación de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a principios de 2020) el verdadero punto de arranque de esta política se puede considerar la presentación oficial de la mencionada ENIA (realizada el 2 de diciembre de 2020 en el Palacio de La Moncloa). Dentro de ella ya se esbozan algunas líneas clave sobre las que pivotará la IA en nuestro país en los próximos años. 

La ENIA muestra un alineamiento muy alto con la UE, pero también con la propia Agenda Digital de España 2025. Se pone el acento en la necesidad de responder al hecho de que se espera que más del 20% de los fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación se centrarán en la transición hacia la digitalización. Adicionalmente, se realizan diferentes menciones a documentos de la Comisión Europea, incluyendo su Libro Blanco sobre IA, y se destaca en un apartado la alineación con la política de la UE en la materia. Este primer aspecto es clave, dado que la ENIA parece integrarse desde el primer momento dentro del marco europeo de política de IA, al menos formalmente, abriendo el camino de una europeización en líneas con el modelo europeo. 

También cabría destacar dentro de la ENIA la vertiente de la confianza y ética de la IA. Dentro de los temas que se refieren a economía y sociedad existe un bloque completo sobre promoción de la ética y normativa relacionada con la IA (eje estratégico 6). Aquí se prevén algunas medidas como el desarrollo de un sello nacional de calidad IA, la puesta en marcha de observatorios para evaluar el impacto social de los algoritmos, el desarrollo de una Carta de Derechos Digitales (cuya consulta pública se cierra el 20 de enero de 2021), la puesta el funcionamiento del Consejo Asesor de IA o la promoción de diálogo, sensibilización y participación sobre IA. Lo anterior supone ir más allá de una visión centrada en el desarrollo económico y tecnológico, incorporando sensibilidad ética y normativa. 

Adicionalmente, la ENIA destaca el papel clave de la transformación digital del sector público mediante la IA. Aquí se definen cinco bloques de medidas, incluyendo la mejora la eficiencia de procesos administrativos a través de la IA, la adopción de un gobtechlab para experimentar nuevos servicios y aplicaciones, el desarrollo de competencias IA en el personal público, la promoción de una gestión pública basada en datos y el acercamiento a la idea de misiones estratégicas nacionales basadas en el alto impacto de la IA en sectores como salud, justicia y empleo. Si bien no es posible aquí un mayor detalle de análisis, es cierto que se incide en la importancia de la IA para mejorar la transparencia administrativa, adoptar mejores decisiones o prestar servicios digitales basados en sistemas de IA y para ello se prevé incorporar nuevos mecanismos de compra pública innovadora, así como abrir mecanismos de regulación basados en sandboxes. Con ello, la ENIA detalla algunas acciones clave que podrían desarrollarse en administraciones públicas de todos los niveles, a lo largo de los próximos años. 

Así las cosas, se puede decir que 2020 ha supuesto un punto de inflexión en la UE y España en la política de IA al incorporarse en la agenda gubernamental. Por un lado, hay que destacar el papel catalizador de la UE y la intención de europeización desde las instituciones comunitarias de la política de IA para articular un modelo de gobernanza propio. El modelo europeo de gobernanza de la IA se sostendría en la necesidad de garantizar los derechos humanos y la protección de datos personales, pero también en lograr un equilibrio, no sencillo, entre los principios de excelencia y confianza. Así, desde las instituciones comunitarias ya se han identificado directrices para la creación de una IA fiable, incluyendo requisitos, métodos técnicos y no técnicos de aplicación. Queda todavía por conocer los siguientes pasos de la política europea de IA, el despliegue de mecanismos de europeización, así como su contribución real a la soberanía tecnología y autonomía estratégica respecto de otros actores globales.

En el caso, español, la ENIA ha definido una aproximación antes inexistente a lo que sería una política de IA. Su alineamiento con la UE y con la absorción de fondos de recuperación, la preocupación por cuestiones éticas y normativas, así como la atención a la transformación digital del sector público, no puede hacernos obviar algunos ámbitos de mejora que deberán corregirse rápidamente. A pesar de que se plantea al final de la ENIA un apartado sobre gobernanza y presupuesto, no se detallan cuestiones esenciales, incluyendo un mapa de actores e impulsores clave, indicadores de medida de avance de las acciones, impactos esperados de las intervenciones públicas, un modelo más claro sobre cómo se van a articular las relaciones intergubernamentales para integrar a gobiernos autonómicos y locales, mecanismos de colaboración público-privada, un cronograma de proyectos o qué financiación cuentan las acciones específicas, más allá de una cifra general. Por supuesto, habrá que esperar algo más de tiempo para caracterizar la política de IA en España, su alcance y, desde luego, los resultados de la misma. También habrá que estar pendiente del alcance de la aplicación de las medidas urgentes de modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En conclusión, si bien hemos experimentado un salto adelante en las políticas de IA y su adopción para mejorar la gestión del sector público, no cabe duda de que las incertidumbres que ha traído la pandemia puede que afecten los próximos pasos a emprender. De cara a las administraciones públicas con proyectos en marcha (o con intención de ponerlos en marcha) sobre IA, se recomienda tener en cuenta algunas cuestiones clave, entre otras: (1) promover un enfoque ético de la gobernanza basada en algoritmos, (2) superar el determinismo tecnológico (positivo o negativo), (3) crear una visión ciudadano-céntrica, (4) aprovechar el potencial analítico y predictivo de las tecnologías, (5) generar confianza en las instituciones públicas, (6) desarrollar una visión holística, interoperable e innovadora, (7) crear perfiles híbridos dentro del sector público o (8) desarrollar nuevas capacidades digitales, también entre la ciudadanía. En próximas contribuciones esperamos seguir debatiendo sobre las siguientes fases de adopción e implementación de la IA desde y en gobiernos y administraciones públicas de la UE, en general, y España, en particular.

[Esta entrada se publicó originalmente aquí el 13 de enero de 2021]

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Balance 2020 y Feliz 2021

Como cada año, me sumo por estas fechas a mi Universidad, para felicitar el nuevo año a quienes me siguen por cualquiera de los medios sociales en los que estoy presente, y también, porqué no decirlo, para despedir este 2020 que dejó sin aliento a la Humanidad. Este año ha venido marcado por la actividad remota (eso que con sorpresa algunos denominan teletrabajo y que muchos llevamos haciendo desde hace bastante tiempo) y por el intento de seguir adelante con nuestras actividades, a pesar de las circunstancias. 

Sin duda, la crisis del COVID-19 ha marcado casi todo este año. Por ello, deseo agradecer a todas las personas que trabajan en los diferentes niveles de gestión (DepartamentoFacultad y Rectorado) , pero sobre todo, en el área tecnológica, de la Universidad Autónoma de Madrid. Todas ellas han logrado que nuestras actividades se mantuvieran en marcha en todo momento. También mis estudiantes de grado y master, así como todos mis colaboradores en etapa doctoral y externos, han sabido adaptarse a las circunstancias con toda naturalidad. Hemos aprendido que es posible colaborar sin necesidad de coincidir físicamente. Sin duda, ello nos hará apreciar todavía más, si cabe, las actividades presenciales en el futuro.  

Por primera vez, hemos celebrado el mayor congreso internacional sobre Administración y Gobierno Digital (21st Annual International Conference on Digital Government Research dg.o 2020) en formato totalmente virtual (esperamos ir a Seúl pronto) entre el 15 y 19 de junio. Este año me estrené también como miembro del comité ejecutivode la Digital Government Society y coordinador de un track (Social media and government). Nuestro lema anual (Intelligent Government in the Intelligent Information Society), reflejó el interés creciente por lograr gobiernos y administraciones públicas más inteligentes, dentro de un contexto donde las nuevas tecnologías disruptivas lo están empezando a reconfigurar casi todo. Sin embargo, queda mucho por conocer.

Como no podía ser de otra manera, nos ha interesado todo lo que ha tenido que ver con la gestión pública en torno a la pandemia. Hemos vuelto a comprobar que el ser humano es capaz de lo peor (comportamientos antisociales en medio de una pandemia global) y lo mejor (altruismo de muchas personas en diferentes sectores para ayudar a los más vulnerables). Sin duda, mi opinión es que la Ciencia se ha robustecido y este año 2020 el ser humano ha sido capaz de lograr una vacuna para luchar contra el SARS-CoV-2 (COVID-19) en un tiempo récord, abriendo las puertas a una nueva etapa en el combate contra este tipo de enfermedades

La crisis del COVID-19 también ha dado un papel relevante a las redes sociales digitales y plataformas de colaboración en Internet. Diferentes gobiernos y administraciones públicas han utilizado redes sociales digitales para comunicar datos e información a la sociedad o para promover la colaboración con la ciudadanía. Ello ha ido en línea con el uso creciente de este tipo de plataformas social desde una perspectiva de servicio público a la ciudadanía, así como para enfrentar situaciones de emergencias

Especialmente relevante fue el hecho de que estas experiencias tuvieron lugar durante un confinamiento prácticamente total. A lo largo de esos meses, millones de personas en todo el mundo interactuaron completamente a través de estos nuevos medios sociales digitales, abriendo también las puertas a fenómenos como las infodemias o la polarización, como se ha puesto de manifiesto en eventos políticos, incluyendo las elecciones estadounidenses de este año

De una manera más cercana, valoro especialmente varios hitos relacionados con nuestro aporte al estudio de la gestión y políticas de datos, información y tecnología durante el COVID-19. En concreto, un trabajo colectivo, realizado bajo la supervisión de los profesores Albert Meijer y C. William R. Webster, analizando las respuestas y debates sobre la gestión y políticas de datos, información y tecnologías en veintiún países de todos los continentes. En el caso español, algunas de las conclusiones deberían hacernos reflexionar sobre cómo podríamos aprender en el futuro a enfrentar situaciones de gestión de crisis de una manera más eficaz y utilizando adecuadamente datos, información y tecnologías, atendiendo cuestiones éticas que amenazan el horizonte de nuestras comunidades políticas. 

No todo ha sido COVID-19 este año 2020, porque la vida ha seguido adelante. Señalo con especial cariño el lanzamiento de la web del Lab Innovación, Tecnología y Gestión Pública (ITGesPub) nuestro grupo de investigación oficial en la Universidad Autónoma de Madrid, que tengo el honor de coordinar. Este hecho representa la presentación formal de nuestro Equipo, que ha crecido notablemente este 2020, así como nuestra apuesta por convertirnos en un nodo de referencia en investigación, docencia e innovación en temas relacionados con administración y gestión pública. La apuesta es a corto, medio y largo plazo y espera generar sorpresas positivas pronto. 

Quiero remarcar algunos temas que siguen ahí, a pesar del eclipse pandémico. Las tecnologías disruptivas, y especialmente la Inteligencia Artificial (IA), estaban llamadas a protagonizar este año 2020. Aunque no han tenido el espacio deseado, en nuestro caso hemos publicado varios trabajos que esperamos contribuyan a profundizar en ámbitos clave, incluyendo el impacto del uso de la IA en las políticas públicas o el papel de la transparencia algorítmica en la discrecionalidad burocrática. Algunas de estas actividades se han realizado bajo la cobertura del programa de investigación interuniversitario en Cultura de la Legalidad (del que soy investigador principal de la UAM), donde nos centramos en la relación de la IA con diferentes dimensiones de la gestión pública. 

En este ámbito, no puedo dejar de mencionar el hecho de haber dirigido el primer curso internacional para personal directivo público sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública desde una Perspectiva Ética, en colaboración con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). El éxito del programa estaba asegurado con la organización del CLAD. Mi aprendizaje ha sido enorme y parte de los resultados de la colaboración aparecerán pronto publicados. A lo largo del 2021, y más allá, estos temas seguro seguirán ocupando parte de nuestra agenda de intereses. 

Otras cuestiones no han dejado de estar presentes, sobre todo, la transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración, es decir, Gobierno Abierto. Aquí nos hemos felicitado por el hecho de que se haya aprobado el IV Plan de Gobierno Abierto de España ante la Alianza para el Gobierno Abierto. Además de la ambición del plan, que tiene un horizonte temporal a cuatro años y una cantidad notable de compromisos que involucran a todos los niveles de gobierno, no cabe duda de que la elaboración colaborativa ha sido un hito de partida. Ahí estuve presente como miembro del Foro de Gobierno Abierto, coordinando el taller para el debate y la priorización de las propuestas ciudadanas sobre sensibilización/formación

Tampoco puedo dejar de destacar otros hitos, tales como nuestro estudio explicando la adopción de políticas de gobierno abierto basado en una investigación por el caso de Madrid o el trabajo sobre laboratorios de innovación en contexto post-nueva gestión pública. En gran medida, lo anterior crecerá gracias a nuestro proyecto SmartGov_Local (Gobernanza pública local a través de tecnologías para la transparencia, participación e innovación pública. ¿Hacia una nueva gobernanza inteligente local?), que lidero junto a la profesora Laura Alcaide Muñoz. Estoy convencido de que el 2021 traerá importantes novedades y más colaboraciones relacionadas con las diferentes dimensiones del Gobierno Abierto. A nivel personal, esto tendrá también espacio gracias a mi nueva responsabilidad como Delegado del Rector para Datos, Innovación y Universidad Abierta de la UAM, donde ya hemos lanzado el primer portal de datos abiertos colaborativo de las universidades públicas UniversiDATA

El año que viene será de inflexión y abrirá, por fin, una década donde muchos de los temas planteados deberán consolidarse en gobiernos y administraciones públicas, si queremos una transformación real del sector público centrada en mejorar la vida de las personas y lograr la sostenibilidad de nuestro planeta. 

Deseo que el nuevo año venga de la mano de un proceso de gestión de la pandemia eficaz, una vacunación rápida y equitativa, así como nuevas esperanzas e ilusiones para cada persona de este mundo complejo, pero también hermoso, donde vivimos.  

¡Feliz 2021!

COVID-19, Gestión y Políticas Públicas de Datos, Información y Tecnología. Un Enfoque Comparado

La crisis sanitaria del COVID-19 ha supuesto un shock para la acción de gobiernos y administraciones públicas en todos los continentes. Sin embargo, la reacción que han tenido gobiernos y administraciones públicas ha sido diferente en distintos contextos. Particularmente, la gestión y política de datos, información y tecnología ha marcado algunas diferencias y ha determinado, al menos en cierta medida, algunas de las dimensiones clave y resultados de la gestión de la crisis. En este documento, mostramos algunas de las ideas y variables analizadas en un proyecto comparado a nivel internacional [1] con veintiún países de todos los continentes sobre la gestión y políticas de datos, información y tecnología, teniendo como punto de referencia el caso español. 

Gestión de datos, información y tecnología desde el sector público. El reto del COVID-19

Las transformaciones en la gestión pública contemporánea han puesto a los datos, información y tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el centro de la respuesta ante cualquier situación de crisis. Esta situación se puso claramente de manifiesto durante los primeros momentos de la crisis sanitaria del COVID-19, cuando se comenzaron a demandar datos e información actualizada a gobiernos y administraciones públicas sobre la situación, de manera que para la ciudadanía se convirtió en un recurso clave en su vida diaria, por ejemplo, para tomar decisiones sobre donde ir y acomodar su comportamiento social en determinados contextos sociales. 

Desde gobiernos y administraciones públicas también se consideraron estas nuevas herramientas un activo de gran valor. De hecho, durante las primeras semanas de la situación de crisis emergieron diferentes enfoques y aproximaciones sobre cómo los datos, información y tecnologías podrían ayudar a combatir la pandemia de una forma más eficaz. Comenzaron a emerger cuadros de mando, proyecciones basadas en datos masivos, páginas web de información (coronawebs), perfiles de instituciones públicas en redes sociales solicitando colaboración ciudadana e, incluso, se comenzó a pensar en la posibilidad de crear apps de rastreo que pudieran ayudar en la geolocalización de las personas, trazando sus movimientos para aprender y combatir el virus. 

Al mismo tiempo que avanzaban esas primeras ideas y proyectos, también se comenzaron a plantear preguntas y enfoques críticos sobre este tipo de iniciativas. Por ejemplo, se puso en cuestión las implicaciones para la privacidad derivadas del uso masivo de determinadas herramientas tecnológicas centradas en el monitoreo de la movilidad de los ciudadanos. Asimismo, se comenzó a considerar los efectos a largo plazo de tales prácticas en la actividad de determinados gobiernos con una visión conflictiva con los valores y usos democráticos. También se perfilaron otros potenciales efectos perniciosos, como la ausencia de mecanismos de verificación de información en plataformas sociales donde resultaba complicado contrarrestar campañas de desinformación masiva propagadas de una manera cada vez más rápida y sofisticada. 

Atendiendo a lo anterior, y al hecho de la ausencia de evidencias comparadas sobre las políticas de datos, información y tecnología a nivel internacional, se planteó un esfuerzo colaborativo donde participaron académicos de veintiún países centrado en la necesidad de buscar respuestas comparables a una serie de preguntas clave, como las siguientes: ¿cuál fue el papel de las tecnologías de información en la búsqueda de vías para tratar con la crisis del COVID-19? ¿Qué temas sensibles y éticos se identificaron en ese papel de las tecnologías de información? ¿Cuál fue el debate público y político sobre el uso de nuevas tecnologías? ¿Cuál fue el resultado de esos debates y la(s) solución(es) seleccionada(s)? ¿Existe información publicada sobre el éxito de la(s) solución(es) seleccionada(s)? ¿Existen indicaciones concretas de los efectos negativos de la(s) solución(es) seleccionada(s)? Obviamente, este estudio no pretendía responder de una manera detallada a todas estas preguntas, algo que necesitará mucho tiempo y esfuerzos en el futuro, sino ofrecer por primera vez algunas evidencias generales desde contextos nacionales muy diferentes.

El caso español. Gestión y política de datos, información y tecnología durante la crisis del COVID-19

Teniendo presentes las preguntas del estudio de partida, el caso español fue analizado por el autor del presente documento, mostrando algunas evidencias de interés sobre la política y gestión de datos, información y tecnología durante la crisis sanitaria del COVID-19. Como es sabido, el 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España declaró el “estado de alarma”, con uno de los confinamientos de mayor intensidad en el contexto internacional, limitando de una manera extrema la movilidad de la ciudadanía (Real Decreto 463/2020). Al mismo tiempo, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dependiente del Ministerio de Sanidad, se hizo cargo de las principales actividades de liderazgo en el combate y coordinación de la gestión contra la pandemia. Si bien en un Estado altamente descentralizado como el español, con las competencias sanitarias transferidas a las comunidades autónomas, la política y gestión de datos, información y tecnología no podía dejar de tener a éstas últimas como protagonistas activas. 

Las cuestiones relacionadas con la gestión y política de datos, información y tecnología durante la crisis sanitaria del COVID-19 giraron en torno a varias dimensiones y momentos. Durante la primera etapa de la crisis, el debate sobre el uso de los datos, información y tecnologías se orientó a la dimensión de la información sobre los servicios sanitarios. A modo de ejemplo, desde el Gobierno de España se usaron las redes sociales para proporcionar información y promover la colaboración de la ciudadanía a través del hashtag #InfoCoronavirus, sobre todo, mediante los perfiles oficiales @sanidadgob y @SaludPublicaES. Adicionalmente, se lanzó el chatbot Hispabot COVID19 para responder de manera automatizada cuestiones sobre la enfermedad (vía Whatsapp +34 600802802). En estos casos se plantearon algunas cuestiones sobre la difusión de noticias falsas en redes sociales, su contribución a la polarización del debate público o la potencial geolocalización de los teléfonos móviles a través de plataformas sociales. 

Otros ámbitos de la gestión de las TIC en ese estadio inicial de la crisis sanitaria se centraron en la información, servicio y colaboración públicas a través de portales web y apps. Diferentes gobiernos autonómicos desarrollaron sus propias webs y apps orientadas a proporcionar diagnósticos tempranos ante síntomas de coronavirus, mitigar la carga de trabajo de los servicios de emergencias (números 112), así como restringir el acceso a los centros de atención primaria y de emergencias de los hospitales para los casos más graves [2]. También el Gobierno de España lanzó su propia app y página web de auto-evaluación, preguntando información sanitaria personal. Dadas las implicaciones de este tipo de páginas web y apps en relación con la privacidad y protección de datos personales, la Agencia Española de Protección de Datos publicó un comunicado el 26 de marzo para alertar sobre ellas y sus implicaciones [3]. 

En relación con lo anterior, otro de los temas polémicos estuvo relacionado con la transparencia de los datos públicos en los portales de transparencia. En este sentido, el hecho de que los plazos de respuesta quedaran suspendidos o que determinados contratos públicos no se tramitaran por vías convencionales eludiendo los requisitos básicos de transparencia preocuparon de una manera importante a la comunidad de personas colaborando en la mejora de la transparencia pública. De hecho, diversos capítulos nacionales de organismos internacionales señalaron en algunos momentos las dudas sobre las decisiones tomadas en torno a esta cuestión, así como sus implicaciones de futuro. 

Durante los momentos más estrictos del confinamiento, la gestión de datos, información y tecnología jugó un papel adicional para analizar la movilidad de los ciudadanos. Por un lado, desde abril el Gobierno de España utilizó un sistema, en colaboración con las mayores empresas de telecomunicaciones del país, testado previamente por el Instituto Nacional de Estadística, para monitorizar la movilidad de los ciudadanos vía GPS y las señales de las antenas de los teléfonos móviles, dando acceso público a los informes diarios de movilidad. Los resultados de este proyecto se podrían haber utilizado para el control y evaluación del confinamiento, pero también para analizar estratégicamente grandes datos de cara a identificar patrones de desarrollo de la enfermedad en el futuro [4]. 

El debate sobre las apps de rastreo y trazado (trace and track apps) también entró en el debate público en los siguientes estadios de la crisis sanitaria. El Gobierno de España apoyó públicamente la necesidad de crear una app para monitorizar la evolución del COVID (Orden SND/297/2020, publicada en el BOE de 27 de marzo de 2020), con la coordinación de la recién creada Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital). Inicialmente, el proyecto se pretendió poner en marcha a través de un convenio de colaboración con la empresa Telefónica (publicado en el BOE el 5 de mayo) [5]. No obstante, ante el vívido debate creado sobre las implicaciones respecto de la privacidad de los datos, el uso de estándares abiertos, etc., así como elementos de la gestión interna del Ministerio y de su relación con las comunidades autónomas, la SEDIA finalmente optó por el desarrollo de un piloto de app, contratado a la empresa Indra, puesto en marcha en junio en la isla canaria de La Gomera, usando el protocolo DP3T, y los estándares europeos de interoperabilidad [6]. 

Probablemente, el uso de la app Radar COVID ha sido uno de los temas que más debate ha planteado en términos sociales sobre la gestión y política de datos, información y tecnologías en el caso español. Ante algunas de las mejoras necesarias en la implementación tecnológica de la app, se elaboró un manifiesto firmado por centenares de académicos [7], de cara a mejorar desarrollos tecnológicos futuros. Adicionalmente, la implementación de este proyecto tecnológico, que requerirá futuras evaluaciones, también es una muestra de la necesidad de entender la gobernanza de la tecnología y las implicaciones sociales y políticas de los proyectos de esta naturaleza. 

Lo que queda claro es que los resultados del despliegue de la app Radar COVID no han generado los resultados esperados y sería deseable evaluar porqué ha sucedido así. Para ello, habría que analizar algunos factores como, entre otros: (1) la legitimidad social de los actores impulsores; (2) la confianza ciudadana en la tecnología, (3) el valor de la privacidad de los datos personales en la sociedad; (4) la importancia de la gestión de la colaboración público-privada en proyectos tecnológicos; o (5) la necesidad de conocer y trabajar el sistema de relaciones intergubernamentales desde el origen de este tipo de iniciativas. Quedan como áreas de investigación para el futuro. 

Conclusión. Aprendizajes de la visión internacional comparada 

A partir del recorrido anterior, queda por plantear la visión comparada de este trabajo, teniendo en cuenta las conclusiones del análisis sobre los veintiún casos que se desarrollaron en el proyecto global. Al margen de las dificultades de un estudio comparado entre países muy diversos, la escasez de información dentro de determinados casos o la complejidad de la investigación en un contexto de pandemia, se han podido identificar una serie de “funciones” comunes ligadas a las políticas de datos, información y tecnología en todos los casos, si bien con diferencias notables entre ellos: (1) gestión de los datos e información para la gestión de crisis; (2) publicación de datos e información para conocimiento de los ciudadanos; (3) provisión de servicios digitales para los ciudadanos; (4) monitorización de los ciudadanos en el espacio público; (5) disponibilidad de mecanismos de intercambio de información entre ciudadanos para ajustar su comportamiento, sobre todo, a través de apps de rastreo y trazado; y (6) desarrollo de respuestas innovadoras ante la pandemia. 

Ante esta diversidad de funciones, no es de extrañar que la comunidad que trabaja en el estudio de la Administración Digital y la relación de datos, información y tecnologías con las administraciones públicas haya tenido un enorme interés en conocer las respuestas gubernamentales a la crisis sanitaria del COVID-19. Considerando las funciones señaladas, seguramente, las cuestiones más convencionales han sido las relacionadas con la existencia de una política de captación de datos e información sobre el desarrollo de la pandemia, la creación de cuadros de mando (dashboards) con información pública sobre la pandemia o la prestación de servicios digitales de telemedicina mediante portales web, apps y otras aplicaciones (incluyendo mecanismos de auto-diagnóstico, etc.), así como el uso de drones, chatbots o robots para interactuar con la ciudadanía. 

Seguramente, ha sido más disruptivo, y requerirá mayores esfuerzos de estudio en el futuro, la expansión de las políticas de datos, información y tecnología hacia otros territorios menos explorados. Especialmente, el uso de las apps de rastreo y trazado, la geolocalización de las personas a través de diferentes dispositivos, así como otras innovaciones más centradas en la co-producción con los ciudadanos (a través de hackatones, concursos serios, plataformas colaborativas, etc.), representan nuevos espacios para la expansión de estas políticas a partir de nuevas formas de gestión de la captación de datos, reutilización de información y uso de tecnologías. Imaginar nuevas oportunidades es posible para gobiernos y administraciones que deseen innovar, más allá de la situación de la pandemia sanitaria. 

Lo anterior llevará a asumir, en aquellos casos en que no lo esté ya, la digitalización en todos los ámbitos de las organizaciones públicas y su relación con las personas, tanto dentro como fuera de ellas. Realidades como el teletrabajo o los espacios de colaboración profesional a distancia han venido para quedarse. Pero también ha venido para quedarse la necesidad de ofrecer a la ciudadanía espacios híbridos de relación con las administraciones públicas, que permitan compatibilizar la diversidad de modos de vida, opciones personales de residencia, así como nuevos patrones de movilidad. 

Al mismo tiempo, estos nuevos ámbitos de la gestión y política de datos, información y tecnología cuentan con desafíos emergentes. Algunos de ellos ya se han apuntado respecto al caso español, incluyendo temas como la legitimidad de las instituciones públicas, la confianza ciudadana, la privacidad de los datos, la colaboración público-privada en proyectos tecnológicos o la gobernanza de las relaciones intergubernamentales. Otras cuestiones derivadas de la ética de los datos en entornos basados en el uso de inteligencia artificial, las nuevas desigualdades digitales, el alcance de la innovación desde el sector público, el papel de los grandes monopolios de nicho en el diseño del modelo económico del futuro, la relación entre el desarrollo de zonas urbanas y rurales, etc., están pendientes por definir y, con mucha seguridad, nos ocuparán en los próximos años, sobre todo, a quienes nos interesan la gestión pública y las políticas de datos, información y tecnologías de información y comunicación en entornos cada vez más digitalizados. 

[1] Los resultados de este trabajo colectivo se publicaron en Meijer et al. (2020). ‘The COVID-19 Crisis and the Information Polity. An Overview of Responses and Discussions in Twenty-One Countries for Six Continents” (Information Polity, 25: 243-274), estudio en el que el autor participó activamente analizando el caso español.

[2] Ejemplo de ello fueron CoronaMadrid (Comunidad de Madrid) (https://coronavirus.comunidad.madrid), o StopCOVID-19 Cat (Cataluña) (https://apps.apple.com/es/app/stop-covid19-cat/id1502992288). En este caso, se creó un repositorio público incluyendo un mapa, con una red 300 * 300 metros, reportando diferentes tipos de casos: https://strategicsolutions.carto.com/u/strategicsolutions-admin/builder/fce617e1-58df-41c4-9c01-953d21e3b8ea/embed(Último acceso: 28 diciembre 2020).

[3] Consultar: https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-apps-webs-autoevaluacion-coronavirus-privacidad (Último acceso: 28 diciembre 2020).

[4] Consultar: https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/evolucion-movilidad-big-data (Último acceso: 28 diciembre 2020).

[5] Consultar BOE de 5 de mayo de 2020: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4829 (Último acceso: 28 diciembre 2020).

[6] Consultar: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/mobileapps_interop_architecture_en.pdf. (Último acceso: 28 diciembre 2020).

[7] Consultar: https://transparenciagov2020.github.io. (Último acceso: 28 diciembre 2020).

[Esta entrada se publicó originalmente aquí , 23 de diciembre de 2020]

Coordinación panel en el XXV Congreso Internacional del CLAD

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Gobierno de Portugal, a través del Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, celebraron el “XXV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública” que se llevó a cabo en Lisboa, Portugal, del 24 al 27 de noviembre de 2020.

Por mi parte, tuve la oportunidad de coordinar un panel: Inteligencia Artificial para Innovar en Administraciones Abiertas y Sostenibles: Implicaciones desde los Datos, Personas, Organizaciones y Normativa, contando con Miquel Salvador, Concepción Campos y Edgar A. Ruvalcaba como ponentes principales.

 

En concreto, fueron tres premisas las que se plantearon en este panel sobre Inteligencia Artificial en la Gestión Pública, que aparecerieron incorporadas en las contribuciones:

  1. Este panel combinó adecuadamente perspectivas académicas y evidencias derivadas de resultados de investigación, con la experiencia profesional y de conocimiento profundo del funcionamiento del sector público.
  2. Este panel presentó no sólo una aproximación a temas tecnológicos, sino que los datos, personas, organizaciones y normativa se pusieron en relación con la IA en la gestión pública. 
  3. Este panel contó con una relación total con el área temática del Gobierno Abierto, en la medida que se presentaron casos y realidades ligadas a la transparencia, participación, colaboración e innovación pública, pero además partimos de la base de la necesidad de ligar esas dimensiones con los objetivos de desarrollo sostenible. 

La Revolución 4.0 no puede ser liderada solo por el sector privado, con su propia lógica y sus valores. Es necesario que la Administración Pública colidere este proceso para introducir en el sistema valores públicos propios, para mejorar su función de preservar el bien común y el interés general. Ese es nuestro propósito, contribuir en ese proceso de reflexión, análisis y acción que nos debe ocupar en los próximos años.  

Presentación Lab Innovación, Tecnología y Gestión Pública (ITGesPub)

Hoy se estrena la web del Lab Innovación, Tecnología y Gestión Pública (ITGesPub), grupo de investigación oficial de la Universidad Autónoma de Madrid. Debajo copio la primera entrada en el blog, donde se comparte nuestra visión, quiénes somos, qué hacemos, dónde queremos llegar y cuáles son nuestros valores. Para mí es un gran paso llegar a este punto y consolidar este espacio que esperamos sume talento, innovación y personas para mejorar la gestión de lo público, desde lo público.  

El Lab Innovación, Tecnología y Gestión Pública (ITGesPub), es un Grupo de Investigación Oficial de la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy presentamos esta web, y este blog, para dar a conocer quiénes somos, qué hacemos y dónde queremos llegar. También queremos contaros cuáles son nuestros valores y principios

Quiénes somos. ITGesPub está formado por un grupo de personas entusiastas y comprometidas con el mundo en que viven, personal docente e investigador contratado por la Universidad Autónoma de Madrid, y miembros externos de prestigio internacional que comparten nuestros valores, que trabajamos por la mejora del conocimiento, análisis y práctica de la Gestión Pública. 

Qué hacemos. Nuestro Equipo cuenta con una extensa experiencia en proyectos de investigación y transferencia, docencia a todos los niveles (desde grado a formación ejecutiva) y un compromiso firme con la sostenibilidad y los retos que deben afrontar nuestros gobiernos y administraciones públicas en los próximos años. 

Dónde queremos llegar. Nuestra mayor inquietud es comprender, y ayudar a comprender, el funcionamiento y gestión de gobiernos y administraciones públicas. También deseamos lograr una incidencia real en el mundo donde vivimos, sobre todo, colaborando con personas y organizaciones relacionadas con el sector público que deseen mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

Cuáles son nuestros valores: Los pilares sobre los que se funda este proyecto son: internacionalización, generación de conocimiento, servicio público, sostenibilidad e integridad. 

La gestión pública es una disciplina académica, pero también una práctica profesional, cada vez más global, por lo que nuestro primer pilar es la internacionalización. Formamos parte de la conversación global sobre las últimas innovaciones y tendencias en la gestión de gobiernos y administraciones públicas. Al mismo tiempo, prestamos especial atención a nuestra realidad más cercana, tanto española y latinoamericana, como dentro de la Unión Europea. 

Las universidades y las personas que desarrollamos nuestra actividad dentro de ellas tenemos un compromiso con la producción de conocimiento. Lo anterior se sustenta en el uso de metodologías y técnicas innovadoras, verificables y replicables durante el proceso de generación de datos y evidencias, siempre desde la pluralidad metodológica, pero con un estricto rigor científico. 

Formar parte de la Universidad Autónoma de Madrid refuerza nuestro compromiso con el servicio público, desde lo público. Lo anterior no supone cerrar las puertas a la colaboración con organizaciones privadas o entidades del tercer sector, pero siempre lo hacemos desde unos valores compartidos y centrados en mejorar el bienestar de las personas, así como la reivindicación activa de la buena gestión pública. 

Nuestro ADN está formado por la sostenibilidad, integrando desde el primer minuto en todas nuestras actividades los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Como primer grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madridque asume este desafío, tenemos una visión responsable sobre nuestra actividad, desde una posición claramente ligada a los principios de la Ciencia Abierta.

Además, nuestro proyecto se resume en la palabra integridad. Junto con la idea de servicio público y la sostenibilidad para nuestro equipo es esencial un compromiso ético real, que se centre en la transparencia en todo lo que hacemos y el desarrollo de colaboraciones que aporten valor público y social a nuestro entorno, a través de hechos tangibles.

Deseamos formar parte del viaje colectivo de una gestión pública mejor dentro de gobiernos y administraciones que pretendan mejorar la vida de las personas. También somos conscientes de los desafíos de todo tipo que atraviesan nuestras comunidades políticas, dentro de un mundo y sociedades más complejas. Ahí queremos estar: aportando trabajo y esfuerzo, pero también rigor y credibilidad. Os esperamos.

Call for Papers: Special Issue on Government and Social Media

Edited by: Rodrigo Sandoval-Almazan, Andrea Kavanaugh and J. Ignacio Criado

[Adapted from: https://informationpolity.com/news-blog/call-papers-special-issue-government-and-social-media%5D

Social media use by government started as a new communication channel for government officials looking for an easy and cheap medium to share news and services with constituents and service users. Social media channels typically used include Facebook, Twitter and YouTube. Over time, this use has evolved to become a more engaging and participatory channel for online interaction between users and public managers. During crises, such as the pandemic, this type of social media use has increased dramatically, including: government-to-government communication, the provision of public information to guide behaviour and to assess and profile the views and behavior of citizens. Government officials, politicians, and public managers have boosted their social media use during the pandemic and lockdowns, to substitute their face-to-face meetings. This may in the future become the norm, not the exception, even as the pandemic subsides.

In this context, social media use in governmental arenas faces new challenges, in order to ensure that it is an efficient and effective two-way communication channel. The nature of the interaction has changed: the veracity of government messages against misinformation and biases circulated through social media has increased the pressure on quality and trust in governmental messages. There are also privacy concerns relating to the commercial and government profiling of social media communication. This new situation presents a raft of new challenges for citizen and service user engagement, for the development of public policy and services, and the development of new ideas to comprehend the ‘new normal’.

New technological developments are emerging, such as advances in artificial intelligence (AI) and data analytics, to help understand social media content, including critical thinking about misleading messages and misinformation. New types of applications and  platforms, such as WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, SnapChat, Linkedin and Virtual and Augmented Reality (VR/AR) offer different frameworks for expression and interaction, as well as content analysis, opinion mining, and sentiment analysis. The use and impact of current and emerging social media on government and democratic processes, are among the challenges addressed in this special issue.

This Special Issue features a selection of manuscripts from an open call for papers, as well as the Government and Social Media Track of the 20thand 21st Annual International Conferences on Digital Government Research (dg.o 2019 and dg.o 2020). The papers selected for this special issue will contribute to knowledge in the areas of computational analysis, public policy, social and political participation, governance, and public administration. Articles should be around 8000 words in length. Articles revised from published conference papers must include at least 30% new content and will be fully peer reviewed. 

Topics covered by the Special Issue may include:

Timeline

Important dates for the publication of this special issue are as follows:

– November 2nd, 2020: Deadline for abstract submission

– November 16th, 2020: Notification of decision to accept full manuscript submission

– December 31st, 2020: Full manuscript deadline

– January 2nd to March 31st, 2021: Peer review process

– April 5th, 2021: Final decision on manuscripts

– Anticipated publication: Autumn/Winter 2021.

Author Instructions

Instructions for authors for manuscript format and citation requirments can be found at: https://informationpolity.com/guidelines

Abstracts should initially be sent to Rodrigo Sandoval-Almazan (rsandovala@uaemex.mx) by November 2nd 2020.

Participación en el V Congreso Internacional de Transparencia 2020

Hoy he participado en el V Congreso Internacional de Transparencia 2020, dentro del Grupo de Trabajo sobre Publicidad Activa y Datos Abiertos. Como ponente principal, mi intervención giró en torno a la idea de los datos abiertos como política pública, la política en los datos abiertos. Mi agradecimiento a todos los ponentes del grupo, a Roberto Magro(Ayuntamiento de Alcobendas) por su enorme coordinación, así como a todos los participantes que realizaron intervenciones de gran interés para animar el debate.

El contenido de la misma se puede ver en el siguiente vídeo:

https://canal.uned.es/video/5f7598895578f21a1850e4e5

Encuentro de verano INAP 2020. Administración Digital e Innovación Pública

Entre el 29 y el 31 de julio se celebró el Encuentro de verano Administración Digital e Innovación Pública auspiciado por el Instituto Nacional de Administración Pública. Dentro de este encuentro tuvimos la oportunidad de debatir con personas expertas del sector público, así como un grupo de profesionales del mundo académico, sobre las últimas tendencias en la digitalización e innovación de las administraciones públicas. El programa fue todo un lujo

Allí tuve la oportunidad de contribuir con la ponencia de inauguración sobre “Pasado, Presente y Retos de Futuro de la Administración Digital. Hacia la Gobernanza Algorítmica”. El vídeo está disponible a continuación: 

Lo importante de esta actividad es que tendrá continuidad con una publicación colectiva que esperamos vea la luz a principios de 2021. 

Café Innovación Pública FUAM

El día 7 de julio participé en el Café UAM de la Innovación en #InnovaciónPública. Se trató de un café (webinar) para debatir cuestiones como la adaptación de la administración pública a los cambios sociales, incluyendo los servicios públicos pensados para y con los ciudadanos. Obviamente, se trata de un ámbito emergente de conocimiento, acción y política pública para crear y transmitir la Administración Abierta, con valores de transparencia, participación y colaboración ciudadana en las políticas públicas. La actividad estuvo organizada por la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, incluyendo ponentes como Mariano Fernández Enguita (INAP), Félix García Lausín (SEGIB), Belinda Misiego (ISDEFE) o Diego Garrocho (UAM). 

El contenido de las intervenciones se puede ver en el siguiente vídeo: 

El programa fue el siguiente:

16:30 – 16:45

Bienvenida institucional

Prof. Javier Ortega García, Vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología, UAM.

Prof.ª Patricia Martínez García,Decana de la Facultad de Filosofía y Letras, UAM.

Prof. Juan Damián Moreno, Decano de la Facultad de Derecho, UAM.

Dr. Fidel Rodríguez Batalla, Director General de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.

16:45 – 17:30

Mesa redonda – Innovación Pública

Prof. J. Ignacio Criado Grande, Dpto. de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho, UAM. Director, Lab Innovación, Tecnología y Gestión Pública (IT_GesPub) Grupo de Investigación, UAM.

Prof. Diego S. Garrocho Salcedo, Vicedecano de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, UAM.

Dr. Mariano Fernández Enguita, Director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Dª. Belinda Misiego Tejeda, Coordinadora de la Red Horizontes de Isdefe.

D. Félix García Lausín, Director Coordinador del Espacio Iberoamericano del Conocimiento; Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

17:30 – 17:45

Debate con el público

Taller de co-creación del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto

Hace unos días tuve el placer de dinamizar el primer taller de co-creación, sobre el eje de formación y sensibilización, del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto de España (para la Alianza para el Gobierno Abierto), que lidera la Dirección General de Gobernanza Pública, dentro del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Mi participación en el taller como dinamizador se inscribe en mi labor como miembro del sector académico del Foro de Gobierno Abierto, dentro del grupo de trabajo sobre formación y sensibilización, en el que “se reúne información, se genera conocimiento y se contrastan distintos puntos de vista sobre actividades de sensibilización y formación de la sociedad civil, de educación a escolares y de formación de empleados públicos en los principios y valores del Gobierno Abierto”. 

El Taller contó con una extensa y equilibrada representación de organizaciones de la sociedad civil y de las administraciones públicas de todos los niveles. Entre las organizaciones de la sociedad civil participantes se encontraron la Fundación Hay Derecho, ACREDITRA, Consejo de Consumidores y Usuarios, Plataforma del 3 Sector y Archiveros Españoles de la Función Pública. Por parte de las instituciones públicas, estuvieron presentes representantes del Instituto Nacional de Administración Pública, los ministerios de Política Territorial y Función Pública, Educación y Formación Profesional y Universidades, Junta de Andalucía y Principado de Asturias, así como de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

El Taller se centró en debatir y priorizar las propuestas realizadas por la sociedad civil durante el proceso de información pública (abierto entre el 18 de marzo y 10 de abril de 2019), de cara a su posterior incorporación como acciones del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto de España. En este caso, nos centramos en las propuestas realizadas en materia de educación y sensibilización en gobierno abierto, dentro de tres ejes: educación, formación para la sociedad civil y comunicación/sensibilización. Adicionalmente, desde la Dirección General de Gobernanza Pública se propusieron diez agrupaciones de propuestas, que se priorizaron mediante votación individual de los doce participantes con voto. La votación se realiza de una manera secreta a través de la aplicación surveryplanet.com. Las tres opciones más votadas fueron: (1) formación de la sociedad civil, (2) formación de empleados públicos y (3) brecha digital. 

Los talleres para la elaboración del IV Plan de Acción se integran en la fase preparatoria del proceso de co-creación, que tiene un nuevo calendario. Esperamos que a partir de este momento todos los demás hitos necesarios para la efectiva elaboración del IV Plan de Acción se concreten según el calendario previsto y, más pronto que tarde, podamos comenzar a conocer las acciones contenidas dentro del mismo, así como su aplicación práctica. De hecho, la crisis del COVID-19está demostrando que el futuro requiere de mejor Estado y mejor gobernanza para unas administraciones públicas más sólidas en las que la ciudadanía pueda confiar. Y para fortalecer estas realidades necesitamos más transparencia, más participación y más innovación pública.