Así tuitean las instituciones públicas ante emergencias como los incendios de Gran Canaria

[Publicado originalmente junto a Julián Villodre en The Conversation, 28 agosto 2019]

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Las redes sociales son herramientas útiles para mejorar la gestión de situaciones de emergencia desde las instituciones públicas. En los últimos años, gobiernos y administraciones públicas han aumentado su uso para informar, establecer conversaciones o aprovechar la información que les llega en tiempo real de la ciudadanía.

Durante eventos extremos, situaciones no previstas que exceden las capacidades de respuesta de las instituciones públicas (inundaciones, incendios forestales, etc.), estas plataformas resultan especialmente útiles.

Casos como las lluvias torrenciales del 9 de octubre de 2018 en Sant Llorenç (Palma de Mallorca) o los incendios forestales que han asolado en la última semana la isla de Gran Canaria, entre otros, constituyen ejemplos de eventos extremos. En situaciones como estas, las redes sociales cumplen diferentes funciones con el objetivo de minimizar la tragedia y salvar vidas:

  • Difundir información institucional.
  • Ofrecer servicio público.
  • Propiciar la colaboración ciudadana.

Estrategias y tácticas

Las administraciones públicas no actúan igual en las redes sociales durante situaciones críticas que en períodos normales. Durante estos últimos, los organismos públicos se decantan, en general, por estrategias de difusión de información institucional, en lugar de otras orientadas a la interacción y la provisión de servicios.

En un estudio reciente, Clayton Wukich definió ocho tipos de comunicaciones de las administraciones públicas en redes sociales durante emergencias:

  • Mensajes de protección. Mensajes destinados a alertar a la población de cualquier riesgo, tratando de reducir su incidencia.
  • Información situacional. Provisión de información situacional, es decir, aquella destinada a entender mejor la amenaza e interpretar correctamente indicadores sobre la misma.
  • Provisión de recursos. Información sobre la distribución de recursos clave.
  • Crowdsourcing ciudadano y otras interacciones directas con el público. Mensajes cuyo objetivo es obtener retroalimentación de las personas afectadas, y establecer estrategias de colaboración e, incluso, de provisión de los servicios.
  • Prevención, mitigación y preparación. Mensajes centrados en la educación cívica para preparar a la población en caso de emergencia o la reducción de riesgos.
  • Gestión y operaciones. Información en tiempo real sobre las acciones que se están llevando a cabo y las medidas tomadas (ejemplo en el tuit insertado más arriba).
  • Gestión del rumor. Gestión de la rumorología y de las fake news, desmintiendo rumores y aportando datos transparentes sobre el evento.
  • Mensajes emocionales, opiniones y comentarios. Mensajes de carácter emocional, tanto destinados a compartir el duelo de las personas, como para elogiar la actuación de los medios de salvamento implicados.

La ciudadanía suele responder rápidamente en redes sociales ante cualquier evento crítico, aportando información o persiguiendo algún objetivo como los siguientes:

  • Revelar datos importantes sobre el inicio de una crisis, así como material audiovisual que puede ser de utilidad para las administraciones públicas.
  • Buscar colaboración, por ejemplo, para ayudar a encontrar y rescatar a personas desaparecidas. En ciertos casos, los usuarios se convierten en actores que prestan servicios de apoyo.
  • Exigir transparencia y rendición de cuentas.

Finalmente, no hay que olvidar que la ciudadanía puede ser un vector de propagación rápida de noticias falsas. Todo lo anterior es aplicable a diferentes situaciones recientes.

Lluvias torrenciales en #SantLlorenç

Uno de los eventos críticos más devastadores de los últimos años en España fue el de las inundaciones de Sant Llorenç (Mallorca) en octubre de 2018. Durante este evento crítico, las redes sociales fueron un canal relevante para la ciudadanía y las administraciones públicas.

En una investigación reciente estudiamos diferentes momentos temporales (previo a la crisis, durante la crisis y posterior a la crisis) y cómo interactuaron varios actores durante las lluvias torrenciales en Sant Llorenç.

En el trabajo de campo encontramos ciertos signos de uso colaborativo de las redes sociales. Estos casos normalmente son iniciados por ciudadanos (ver tuit más abajo) y se apoyan en administraciones públicas, asociaciones y voluntarios para alcanzar un objetivo (en el caso del tuit, encontrar a una persona desaparecida durante las riadas).

El estudio detectó un caso curioso: el de MeteoBalears, una iniciativa ciudadana que engloba a aficionados a la meteorología de diferentes partes de las islas Baleares. Han establecido una red casera de estaciones meteorológicas instaladas en sus casas, transmiten la información en tiempo real por internet y difunden el contenido en redes sociales. Desconocemos, sin embargo, si el servicio que prestan sirve actualmente a la administración pública como fuente adicional de datos.

Incendios forestales en Gran Canaria (#IFTejeda)

Los devastadores incendios forestales de los últimos días en la isla de Gran Canaria también se han caracterizado por un uso activo de las redes sociales. Los primeros datos estudiados mediante análisis de redes sociales (ver grafo) corresponden a uno de los hashtags más utilizados durante los momentos en los que el fuego avanzaba sin control (este verano se ha utilizado el hashtag #IF para hacer un seguimiento de los incendios forestales).

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Hemos detectado 10 601 usuarios implicados en conversaciones con la etiqueta #IFTejeda (correspondiente al incendio forestal declarado en el municipio canario de Tejeda) que dejaron más de 15 000 interacciones en términos de retuits.

Un estudio demuestra que esta estrategia basada en el uso de hashtags resulta útil. Especialmente si las instituciones públicas los usan para dar visibilidad y aumentar la difusión de ciertos mensajes (de otras agencias públicas, pero también, tras revisar su veracidad, de otros usuarios o asociaciones) para que lleguen al mayor número de personas posible.

En el caso del incendio de Gran Canaria, muchos mensajes se centraban en la prevención y en la difusión de información sobre las tareas de extinción. Este era el objetivo de algunas de las administraciones públicas encontradas en el gráfico, como el caso del Ejército del Aire (@ejercitoaire), el Ayuntamiento de Tejeda (@tejeda_gc) y la Unidad Militar de Emergencias (@UMEGob). Esas interacciones reflejan dinámicas positivas de colaboración entre diferentes niveles de gobierno.

En el plano del tejido asociativo, es interesante destacar la actividad mostrada en redes sociales por @vostSPAIN. Esta asociación de voluntarios digitales está dedicada a labores de ayuda en la gestión de emergencias. Sus mensajes de difusión de información han sido relevantes en la amplificación de información oficial.

Recomendaciones finales

Queda mucho camino por recorrer para mejorar el uso de las redes sociales por parte de gobiernos y administraciones públicas durante eventos críticos. De acuerdo con lo que hemos reflejado en este artículo, planteamos algunas recomendaciones:

  • Escuchar. Con el objetivo de contrastar y desmentir la información en el caso de que sea falsa o para amplificarla en el caso de que pueda ser de utilidad para el contexto particular.
  • Analizar grandes volúmenes de datos. En este sentido, ayudaría trazar, por ejemplo, mapas en tiempo real para detectar y prevenir mejor las amenazas. También se pueden generar sensores sociales útiles para la mitigación y actuación rápida sobre algunos de estos fenómenos.
  • Desarrollar su nodalidad. Una de las funciones clave de gobiernos y administraciones públicas es su capacidad para conectar actores sociales, pero también otras instituciones públicas. La utilización de hashtags compartidos ayuda en dicho proceso.
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Institucionalizando el Gobierno Abierto. Hacia el IV Plan de Acción de España

Son buenas noticias que el Gobierno de España se encuentre en fase de elaboración del IV de Acción de Gobierno Abierto. Con ello serán gobiernos de partidos políticos distintos los que hayan liderado estos cuatro planes de acción ante la Alianza para el Gobierno Abierto, una de las organizaciones que está al frente de la conversación y los avances sobre esta temática a nivel internacional. Son buenas noticias, sobre todo, para la institucionalización del Gobierno Abierto en España, dado que refleja una voluntad de permanencia y sienta las bases para que se mantengan acciones públicas en una materia que impacta transversalmente en otras áreas de política pública.

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Pero seamos realistas, a día de hoy la ventana de oportunidad que se abrió durante años anteriores difícilmente se mantendrá por mucho tiempo o, al menos, con la misma intensidad en la siguiente legislatura. De hecho, los temas relacionados con la transparencia y ética pública han salido de la primera línea de las preocupaciones ciudadanas, a pesar de la desconfianza en la política y los cargos electos. Como ya indiqué hace tiempo, la institucionalización del Gobierno Abierto como ámbito permanente de acción de gobiernos y administraciones públicas es un desafío. Aunque parezca que las exigencias ciudadanas de transparencia, rendición de cuentas, participación o colaboración no tienen vuelta atrás, no deja de ser cierto que la irreversibilidad del Gobierno Abierto todavía no está totalmente garantizada. Por ello, cualquier avance en esa dirección es muy bienvenido.

El espacio para participar en la elaboración del IV Plan de Gobierno Abierto se encuentra abierto hasta el próximo 10 de abril. Los criterios de valoración y selección de propuestas se han explicitado de manera que cualquier organización de la sociedad civil, particular u otro actor puede incorporar sus propuestas, considerando que la selección final dependerá de su contribución al desarrollo de los valores del Gobierno Abierto, la viabilidad jurídica y presupuestaria, la viabilidad técnica, transversalidad, impacto transformador e inclusión social. Todos estos aspectos son clave para lograr que el alcance de las acciones no sólo se alinee con los requerimientos de la Alianza para el Gobierno Abierto, sino que también logre el mayor valor público posible. De hecho, la conexión del Gobierno Abierto con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible contenidos (ODS) en la Agenda 2030 de Naciones Unidas es cada vez más evidente. En conclusión, esperamos que todo ello contribuya decisivamente a la institucionalización del Gobierno Abierto en España y permita que, pase lo que pase en las próximas elecciones generales, este tema siga formando parte de la agenda pública.

Transparencia, Participación y Buen Gobierno desde una Gobernanza Pública Inteligente

Captura de pantalla 2019-02-11 a las 17.17.47Ya de vuelta en España, este viernes 8 de febrero estuve en el Ayuntamiento de Arona, impartiendo la conferencia inaugural dentro de las Jornadas sobre Transparencia, Participación y Buen Gobierno, organizadas por la Concejalía de Transparencia y Participación. Tuve la misión de abrir el debate con una ponencia sobre “¿Hacia donde debe ir la Participación Ciudadana en Arona? Participación Ciudadana Abierta y Colaborativa”. Además de explicar algunos de los resultados de la colaboración desarrollada con el Ayuntamiento de Arona en materia de innovación y participación ciudadana, también se debatieron ideas  sobre el futuro de la transparencia, participación e innovación pública.

Hablamos de la necesidad urgente en las administraciones públicas, y las personas que trabajan en ellas, por repensar sus procesos de transformación digital y las implicaciones para la transparencia, participación e innovación pública. En concreto, pusimos el acento sobre el ritmo creciente de la incorporación de tecnologías disruptivas para mejorar diferentes acciones relacionadas con la actividad de gobernar. Algunos ejemplos fueron los del asistente virtual Emma (de la Agencia de Ciudadanía y Migraciones de los Estados Unidos) o el TravelBot (de la Autoridad de Tansportes de Londres). En el caso del Ayuntamiento de Arona, aplicaciones sencillas como Dónde Van Mis Impuestos (desarrollada por Civio) o el uso creciente de  redes sociales digitales para mejorar la atención a la ciudadanía, van en la buena línea. Estos y otros muchos ejemplos nos dicen que la relación con la ciudadanía se está transformando de una manera creciente como consecuencia de nuevas estrategias, herramientas y aplicaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, las administraciones públicas han de orientarse hacia una Gobernanza Pública Inteligente, paradigma que sitúa el servicio a la ciudadanía en el centro, a partir de una utilización adecuada de las tecnologías y su integración en todo el ciclo de relación con las personas, tanto dentro, como fuera de las organizaciones públicas. Como se ha apuntado en otros espacios, el arte de gobernar ha sido desafiado, ya que gobiernos y administraciones públicas han perdido el monopolio de la solución de los problemas públicos. Por ello, es necesario integrar la transparencia, participación e innovación pública y convertirlas en una oportunidad para alcanzar el Buen Gobierno de nuestras sociedades.

Big data, sentiment analysis y administraciones públicas en redes sociales digitales

Acabamos de publicar el estudio “Big Data y Administraciones Públicas en Redes Sociales. Un Estudio de las Comunidades Digitales de los Ayuntamientos Españoles“.  Este trabajo, basado en unPortada_NovaGobAcademia3a investigación más amplia, propone explorar cómo utilizan las administraciones públicas locales las redes sociales digitales desde la perspectiva del análisis de las comunidades de actores que interactúan con ellas y el sentimiento identificado en los contenidos publicados por ellas. Como mencionamos en el resumen ejecutivo del trabajo, “las RSD son una de las innovaciones más extendidas en las administraciones públicas durante los últimos años. Al mismo tiempo, se trata de herramientas de interacción ampliamente usadas por la ciudadanía (independientemente de los problemas de brecha digital todavía existentes en diversos sectores de población). Por ello, resulta sorprendente la limitada atención a una dimensión clave para la Gestión Pública: las comunidades de actores que interaccionan con las administraciones públicas a través de las RSD. Este documento pretende ofrecer una aproximación a este fenómeno dentro del ámbito local, a través del análisis de grandes datos disponibles dentro de la plataforma social Twitter, además de complementarlo con el análisis del tono empleado para relacionarse con la ciudadanía. A través de los casos analizados se pretenden extraer conclusiones y, sobre todo, ideas prácticas que resulten de interés para el personal que lidera y gestiona el despliegue de las RSD en organizaciones públicas“. Con estos ingredientes, este trabajo es pionero en España, y me atrevería a decir a nivel internacional, ya que existen poco estudios de este tipo que ofrezcan evidencias y combinen el análisis de contenidos y de comunidades digitales (tal y como sugiere Mergel (2017) recientemente).

Este trabajo plantea la necesidad que tienen las administraciones públicas de pasar de las palabras a los hechos en términos de análisis de lo que hacen en redes sociales en Internet. Durante los últimos años hemos observado un proceso de experimentación creciente con la apertura de perfiles en diferentes plataformas, la gestión en departamentos especializados en la materia, la consolidación de la figura de los gestores de comunidades digitales, etc. Sin embargo, la capacidad para evaluar lo que sucede en las redes sociales digitales no se ha desarrollado en la misma medida. Eso es especialmente evidente en el plano del estudio de las comunidades en redes sociales, el eje sobre el deben actuar las estrategias de las administraciones públicas en este nuevo ámbito de relación con la ciudadanía.

Esperamos que el estudio también tenga interés desde una perspectiva aplicada, ya que más allá de consideraciones impresionistas o basadas en “experiencias personales”, es necesario recurrir a datos y evidencias para adoptar decisiones adecuadas y facilitar mejoras crecientes en el uso de las plataformas sociales en el sector público. Adicionalmente, también es importante ir más allá de los enfoques basados en la mera contabilidad de seguidores e interacciones, para centrarse también en las comunidades de actores que giran en torno a las administraciones públicas en RSD. Este trabajo se ha centrado en un grupo seleccionado de casos dentro del sector público local, sin embargo, algunas de las conclusiones alcanzadas, así como las recomendaciones, son también aplicables a otros niveles de gobierno, así como dentro de diferentes ámbitos del sector público.

[Este estudio se ha beneficiado del apoyo del Programa S2015/HUM-3466 NEW TRUST-CM (Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo) y del Proyecto Gobernanza Inteligente de las Redes Sociales Digitales en las Administraciones Locales de la Unión Europea. Estrategias de Implementación, Factores de Éxito y Modelos de Servicio Público en España, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, realizado con la Ayuda Fundación BBVA a Investigadores y Creadores Culturales 2016. También se agradece el apoyo del equipo de NovaGob.Lab y del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, mostramos nuestra gratitud al soporte técnico brindado por el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, Universidad Autónoma de Madrid, así como Mariluz Congosto, creadora de T-hoarder].

Publicación sobre cómo se estudia el Gobierno Abierto a nivel internacional

Acaba de publicarse un artículo (escrito junto a Edgar A. Ruvalcaba y Rafael Valenzuela) en el que analizamos la primera ola de investigación sobre Open Government a nivel internacional (Revisiting the Open Government Phenomenon. A Meta-Analysis of the International Literature). Bajo el interés de conocer cómo se está estudiando científicamente el fenómeno del Gobierno Abierto, en este trabajo tratamos de dar respuesta a tres cuestiones: (1) ¿Cómo se analiza el Gobierno Abierto? (tipo de diseño; técnicas de investigación; aproximación metodológica); (2) ¿Dónde se analiza el Gobierno Abierto? (departamentos universitarios; países de origen de las universidades de los autores; países analizados; nivel de gobierno); y (3) ¿Cuáles son los temas relacionados más analizados así como los conceptos clave en el estudio del Gobierno Abierto? (temas; palabras clave). Las cuestiones metodológicas y técnicas quedan explicadas en el artículo (el análisis se centra en casi 200 artículos publicados a lo largo de 5 años). Aquí sólo me detengo en los principales resultados y las implicaciones de este estudio para el futuro del Gobierno Abierto.

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Los resultados derivados del análisis realizado sobre la literatura sobre Gobierno Abierto a nivel internacional arrojan algunas conclusiones de interés que se exponen a continuación. Primero, los datos muestran que la investigación científica sobre Gobierno Abierto todavía es emergente en términos de consolidación de diseños, técnicas y metodologías utilizadas para el estudio del fenómeno, sobre todo, por la limitada utilización de estudios cuantitativos y de carácter explicativo. En otros términos, predominan las investigaciones normativas, basadas en datos con fuentes documentales y con un fuerte peso de los estudios de caso. Aunque los estudios de caso o las fuentes documentales son importantes, el hecho de que predominen como lo hacen en la literatura internacional demuestra que nos encontramos ante análisis, en buena medida, todavía exploratorios o sin capacidad predictiva.

Como cabía esperar, la investigación científica sobre Gobierno Abierto se concentra en determinadas áreas geográficas, tanto en términos de personal investigador, como en lo que respecta a los países y niveles de gobierno analizados. De entrada, es interesante confirmar que la comunidad científica que analiza el Gobierno Abierto tiene un carácterdisciplinar heterogéneo, si bien destaca el área de Administración Pública, por encima de otras con niveles equivalentes de presencia, incluyendo Sistemas de Información, Ciencias de la Computación, Economía, Comunicación o Ciencia Política. Adicionalmente, y como era esperable, los estudios son desarrollados mayoritariamente por científicos del ámbito anglo-americano, destacando aquí, en cuanto a los países analizados, la correlación con los países donde se desempeñan los científicos: con predominio de EE.UU, Reino Unido y Holanda, con otros casos por detrás, incluyendo México, Europa (desde una perspectiva supranacional), Italia, Alemania, España, Suecia y China. Lo anterior es compatible con un interés mayoritario por el estudio del nivel nacional/federal de gobierno, seguido del local/municipal y, a gran diferencia, el nivel regional/estatal.

En tercer lugar, la investigación científica sobre Gobierno Abierto prioriza el estudio de determinados temas y atiende algunos términos clave relacionados. En concreto, dentro del marco clásico de los tres pilares del Gobierno Abierto (transparencia, participación y colaboración) los dos primeros son los predominantes, aunque la existencia de estudios que engloban dos o tres de esas categorias es también remarcable. Lo anterior indica que el estudio integral del Gobierno Abierto es prioritario, no obstante muchos estudios todavía se centran de forma concreta en la transparencia o participación ciudadana. Junto a ello, entre los términos clave relacionados con Gobierno Abierto cabe señalar: datos abiertos, redes sociales, democracia digital, gobierno 2.0, transparencia, e-participación, gobierno, democracia, acceso a la información, rendición de cuentas, etc. En suma, el Gobierno Abierto se entiende dentro de una constelación de ideas y términos de referencia que refuerzan una idea de dispersión conceptual.

A partir de los resultados anteriores de nuestro estudio, planteo algunas implicaciones para el Gobierno Abierto, con interés no sólo para quienes investigamos este tema, sino también para quienes están implicados en su implementación (ya que es necesaria su colaboración). Primero, es necesario dar un salto adelante para acceder a una etapa de madurez de la investigación sobre Gobierno Abierto. Propuestas metodológicas mixtas (cuantitativas-cualitativas), uso de técnicas de recogida de datos más amplias o empleo de método de caso combinado con estudios comparados podrían facilitar este proceso. Lo anterior se relaciona directamente con la necesidad de ampliar la comunidad científica que investiga el tema, así como el conocimiento comparado en contextos geográficos más amplios, que amplíen las miradas y permitan ofrecer conclusiones más afinadas. En este terreno, destaca la necesidad de incorporar el estudio de los gobiernos locales por su capacidad de incluir algunas de las innovaciones más avanzadas en la materia. Finalmente, el estudio integral del Gobierno Abierto es esencial para entender su complejidad, así como para generar conocimiento con miras a construir teoría.

La investigación científica sobre Gobierno Abierto también puede aportar valor desde una perspectiva más práctica a quienes se encargan de su implementación en diferentes niveles de gobierno y administración. En conreto, la investigación científica sobre Gobierno Abierto puede contribuir a resolver algunas de las inquietudes sobre transparencia, participación o colaboración que están presentes entre el persoal directivo público encargado de su implementación (para ver algunas de esas inquietudes, ver el siguiente estudio), algo que permite conectar el estudio científico con la práctica administrativa. Adicionalmente, quienes estudian el Gobierno Abierto también pueden ofrecer ideas sobre cómo guíar sus siguientes pasos en los gobiernos y administraciones públicas, sobre todo, compartiendo prácticas o experiencias exitosas o descartando otras. También, se han de prever tendencias, como el avance hacia un Estado Abierto (que integre los diferentes poderes y niveles de gobierno) o la necesidad de adaptarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por consiguiente, la necesidad de tender puentes entre investigación y práctica en Gobierno Abierto, en particular, y Gestión Pública, en general, sigue estando más vigente que nunca.

Evaluacion del I Plan de Acción de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid (2ª parte)

Acaba de completarse el ciclo del I Plan de Acción de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) con el cierre de su evaluación (se puede encontrar aquí).[1] La ciudad de Madrid fue seleccionada como parte del proyecto piloto para gobiernos locales de la AGA en 2016. Finalizada la evaluación de todo el proceso, podemos afirmar que Madrid se encuentra entre las entidades que registran un mayor avance en la apertura de las prácticas gubernamentales, comparándola con las otras 14 de carácter sub-nacional que participan en la AGA, si bien se recomienda una mayor colaboración con actores de la sociedad civil en la elaboración e implementación de los compromisos. A continuación, destaco algunos de los resultados más sobresalientes de la evaluación, las oportunidades de mejora, así como impresiones personales sobre el futuro del Gobierno Abierto en Madrid.

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De entrada, hay que plantear algunas ideas sobre el proceso de evaluación en sí mismo, dado que es un marco con algunas rigideces formales. La evaluación cubre el proceso de formulación del plan (últimos meses de 2016), así como el proceso de implementación desde el 1 enero al 31 diciembre 2017. El documento elaborado refleja una evaluación que sigue los parámetros del MRI-AGA, teniendo en cuenta de manera concreta los cinco compromisos establecidos por el Ayuntamiento de Madrid en su primer plan de acción: (1) creación de un registro de lobbies obligatorio; (2) creación de un nuevo portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid; (3) desarrollo de los presupuestos participativos; (4) extensión de la política de participación ciudadana; y (5) desarrollo de mecanismos eficaces de normativa colaborativa. Como se deduce de su redacción, los objetivos seleccionados inicialmente por el Ayuntamiento de Madrid son muy abiertos y ambiciosos y, como se indicó en el informe inicial de evaluación, no fácilmente mensurables para un evaluador externo.

Respecto de cada uno de los compromisos se ha evaluado su nivel de especificidad, relevancia a los valores de la AGA, impacto potencial, nivel de cumplimiento, así como si se avanzó en la apertura del gobierno (ver Tabla 4. Resumen de la evaluación del progreso por compromiso’ del Informe de evaluación del IRM). A partir del contenido del documento de evaluación, se puede destacar que “todos los compromisos representan una apertura en las prácticas gubernamentales, así como una manera diferente de entender la participación ciudadana, otorgando mayor énfasis a su dimensión directa, individual y por medios telemáticos, lo que se ha denominado democracia directa por parte de los responsables del Ayuntamiento de Madrid”. Así, los cinco compromisos se centraron en el Área de Participación Ciudadana y Transparencia (y Gobierno Abierto) del Ayuntamiento, que ha liderado todo el proceso. Sus principales implicaciones se desarrollan a continuación.

Entre todos los compromisos, dos tienen que ver con la transparencia y otros tres con la dimensión de la participación ciudadana. En el primer caso, la existencia de un registro de lobbies tiene incidencia en los procesos de adopción de decisiones públicas. No sólo se abre la puerta a mejorar la trazabilidad del proceso de toma de decisiones, sino que también, en este caso, se ha definido un sistema de promoción (vía telemática) que puede superar algunas de las limitaciones que estos registros tienen en otros contextos. Junto a ello, la ambición del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid no sólo ha permitido el cumplimiento normativo de su Ordenanza de Transparencia (ya de una ambición importante), sino que también, la apertura de más de 300 conjuntos de datos debería ser el primer paso para que la ciudadanía, así como otros actores de la ciudad (incluyendo empresas, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, académicos, etc.) puedan conocer mejor todo lo que acontece en su ciudad, así como involucrarse en las decisiones públicas con una información de mayor calidad.

Los otros compromisos han estado relacionados con la innovación en la participación ciudadana. Sobresale la utilización de la plataforma web DecideMadrid, convertida en referente internacional, y por la que el Ayuntamiento de Madrid ha recibido un premio de Naciones Unidas.[2] A través de ella se han fortalecido los presupuestos participativos, que han experimentado un aumento de la cantidad directamente decidida a través de la votación directa de la ciudadanía (100 millones de euros en 2017), además de lograr el establecimiento de un sistema de seguimiento de los proyectos hasta su ejecución, tal y como se ha evidenciado en distintos casos concretos. Adicionalmente, en materia de participación ciudadana también cabe destacar la mejora del sistema de normativa colaborativa, es decir, la participación de la ciudadanía, a través de la web DecideMadrid, en el proceso de elaboración de la normativa que posteriormente debe aprobar el Ayuntamiento, abriendo estas dinámicas participativas a más sectores de población.

Por otro lado, el informe contiene un apartado con recomendaciones para mejorar el futuro plan de acción del Ayuntamiento de Madrid. Esas cinco recomendaciones se refieren tanto a algunas cuestiones ligadas con el proceso de creación del plan de acción, los actores involucrados en el proceso de creación y su implementación, así como la naturaleza misma de los compromisos a adquirir. Cada una de ella se considera como una oportunidad de mejora de cara a un nuevo plan de acción. Las cinco recomendaciones son las siguientes:

  • 1. Ampliar y potenciar el alcance de la participación de la ciudadanía en todo el proceso de definición, diseño, implementación y evaluación del plan de acción.
  • 2. Dotar de mayor presencia a diferentes áreas del gobierno municipal a través de espacios/foros multi-área o inter-administrativos.
  • 3. Profundizar en los mecanismos de evaluación dinámica de los compromisos y asociarlos a la rendición de cuentas.
  • 4. Incrementar la diversidad temática de los compromisos, poniendo el acento en los que afectan directamente la calidad de vida de las personas que residen en la ciudad, alineando el Gobierno Abierto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
  • 5. Institucionalizar el gobierno abierto como política pública municipal, más allá del proceso piloto subnacional de la AGA.

Las cinco recomendaciones se desarrollan en el documento de evaluación con ideas sobre el futuro del Gobierno Abierto en Madrid (algunas de las cuales, se atienden ya en el II Plan de Gobierno Abierto de Madrid 2018-2020). Por ejemplo, se habla de extender la convocatoria ciudadana a una cantidad mayor, y más variada, de colectivos y organizaciones de la sociedad civil. También se plantea la necesidad de crear e institucionalizar un mecanismo de colaboración entre diferentes áreas del Ayuntamiento para compromisos que requieran de cooperación inter-departamental. Asimismo, junto con el establecimiento de compromisos que puedan ser verificados a través de indicadores e hitos mensurables, también se sugiere el establecimiento de un mecanismo de evaluación dinámica a lo largo del proceso de implantación del plan de acción, en línea con una mejor rendición de cuentas. Adicionalmente, se habla de la posibilidad de desarrollar una estrategia nítida orientada a alinearse con los ODS, centrándose en temáticas concretas de calado para la ciudad y, especialmente, cuestiones que se identifican como principales problemas para la ciudadanía, tanto en sugerencias y reclamaciones, como en las encuestas que realiza el propio Ayuntamiento.

A nivel personal, desde la perspectiva de futuro sobre el Gobierno Abierto en Madrid, me gustaría destacar aquí la importancia de su institucionalización como política pública municipal, más allá de los compromisos con la AGA en sus planes de acción. Si identificamos institucionalizar con cambiar los procesos (formales y no formales), rutinas, formas de hacer las cosas, símbolos, etc., lo anterior significa que la consolidación del Gobierno Abierto dentro de la organización de gobierno municipal y la ciudad en su conjunto requiere innovar en procesos y con personas, pero también con nuevos valores y tecnologías más inteligentes, independientemente de personas electas y directivas, así como de los cambios políticos que se puedan producir. En otras palabras, a pesar de que se pueda considerar satisfactorios los avances en materia normativa, tecnológica y procedimental, es fundamental extender el Gobierno Abierto y lograr que la transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración atraviesen el conjunto de las políticas públicas locales, reforzando su irreversibilidad.

Adicionalmente, el futuro del Gobierno Abierto requiere formación y sensibilización, tanto dentro de las administraciones públicas, como entre la ciudadanía. La formación del personal que trabaja dentro de diferentes ámbitos del sector público es fundamental, no sólo para dotar de nuevos conocimientos y habilidades sobre las temáticas de transparencia o participación ciudadana (que preocupan, y a veces, generan inquietud entre el personal público), sino también para aumentar la complicidad con quienes implementan Gobierno Abierto y desean un cambio cultural necesario para llevarlo a cabo, así como promover un mayor sentido de cercanía con la ciudadanía.

Unido a ello, la sensibilización de la ciudadanía en materia de Gobierno Abierto es clave ya que es colaboradora necesaria en la transformación de las ciudades y, sobre todo, la mejora de los procesos de adopción de las decisiones públicas, de cara a resolver los problemas comunes en sociedades cada vez más complejas. Este aspecto, en definitiva, representa el horizonte del Gobierno Abierto, así como la aspiración de cualquier sociedad de contar con un Buen Gobierno y una Gobernanza Inteligente.[3] De ello depende, en no pequeña medida, el futuro de nuestras democracias.

[1] He tenido la oportunidad de desarrollar esta actividad evaluadora durante más de un año de intenso trabajo y la colaboración de todo el equipo del Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) de la AGA, al que deseo dar las gracias por todo el apoyo recibido (especialmente a Gustavo Pérez Ara).
[Este post se publicó originalmente en el blog de la Open Government Partnership]

 

Evaluacion del I Plan de Acción de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid (1ª parte)

Acaba de aparecer publicada mi evaluación para comentario público del Plan de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid, elaborado para el Mecanismo de Revisión Independiente (MRI), de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). La evaluación cubre el proceso de formulación del plan (previo a 2017) y su implementación desde el 1 enero al 31 diciembre 2017.  El documento elaborado refleja una evaluación que sigue los parámetros del MRI-AGA, teniendo en cuenta los 5 compromisos del Ayuntamiento de Madrid: (1) creación de un registro de lobbies obligatorio; (2) creación de un nuevo portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid; (3) desarrollo de los presupuestos participativos; (4) extensión de la política de participación ciudadana; y (5) desarrollo de mecanismos eficaces de normativa colaborativa. Respecto de cada uno de los compromisos se ha evaluado su nivel de especificidad, relevancia a los valores de la AGA, impacto potencial, nivel de cumplimiento, así como si se avanzó en la apertura del gobierno.

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El resumen de la evaluación es la siguiente: “El Ayuntamiento de Madrid alcanzó un alto nivel de cumplimiento en la implementación del plan de acción piloto y logró avances significativos en apertura de gobierno. Los compromisos priorizaron el acceso a información y la apertura de datos a través de nuevos espacios web y la participación ciudadana en torno a la plataforma digital “Decide Madrid”. En el futuro se recomienda colaborar de manera constante y transversal con actores de sociedad civil y otras instituciones del ayuntamiento, así como promover compromisos más delimitados y ligados a preocupaciones directas de la ciudadanía, que promuevan más la rendición de cuentas“.

Las principales recomendaciones para sucesivos avances aparecen debajo:

Ampliar y potenciar el alcance de la participación de la ciudadanía en todo el proceso de definición, diseño, implementación y evaluación del plan de acción. En el siguiente proceso de elaboración del plan de acción se sugiere extender la convocatoria ciudadana a una cantidad mayor, y más variada, de colectivos y OSC, incluyendo ONGs y asociaciones ciudadanas especializadas/temáticas, entidades vecinales distritales, medios de comunicación, empresas, sindicatos, centros de creación de pensamiento o universidades. Lo anterior permitirá integrar intereses y enfoques diversos, en la medida que sea posible definir los roles de tales actores en el proceso, desde la definición hasta la evaluación del plan de acción, así como garantizar una interlocución constante con las autoridades locales.
Dotar de mayor presencia a diferentes áreas del gobierno municipal a través de espacios/foros multi-área o inter-administrativos. Crear e institucionalizar un mecanismo de colaboración entre diferentes áreas del Ayuntamiento para compromisos que requieran de cooperación inter-departamental. Involucrar a responsables de diferentes áreas de gobierno en el proceso de elaboración e implantación del plan de acción, asegurando con ello que la voz del conjunto de la organización se integra en el desarrollo del proceso. Dentro de este ámbito de mejora, el papel de los órganos de gobierno de los distritos también puede aumentarse para reflejar, sobre todo, la estructura territorial y descentralizada de la ciudad.
Profundizar en los mecanismos de evaluación dinámica de los compromisos y
asociarlos a la rendición de cuentas. Junto con el establecimiento de compromisos que
puedan ser verificados a través de indicadores e hitos mensurables, se sugiere el establecimiento de un mecanismo de evaluación dinámica a lo largo del proceso de implantación del plan de acción, de manera que en todo momento se encuentre disponible en abierto para el conocimiento de la ciudadanía y las personas afectadas/interesadas. Adicionalmente, lo anterior debería ser consistente con compromisos que se acerquen a los valores de la AGA en torno a la rendición de cuentas.
Incrementar la diversidad temática de los compromisos, poniendo el acento en los que afectan directamente la calidad de vida de las personas que residen en la ciudad, alineando el Gobierno Abierto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desarrollar una estrategia nítida orientada a alinearse con los ODS, centrándose en temáticas concretas de calado para la ciudad y, especialmente, incluyendo cuestiones que se identifican como principales problemas para la ciudadanía, tales
como limpieza, contaminación/medio ambiente, tráfico/movilidad, parques y jardines, ruido o inseguridad.
Institucionalizar el gobierno abierto como política pública municipal, más allá del proceso piloto subnacional de la AGA. La consolidación de los valores de la AGA dentro de la organización municipal supone institucionalizar procesos, valores y tecnologías, independientemente de las personas electas y directivas, así como de los cambios políticos y organizativos. A mediados de 2019 habrá elecciones locales en España, de manera que un hipotético plan de acción 2018-2019 puede que requiera del liderazgo/implementación de dos equipos de gobierno diferentes (sean o no del mismo signo político del actual equipo). En este sentido, junto con los avances logrados en materia normativa, tecnológica y procedimental, resulta esencial extender en el conjunto de la organización y de la ciudad la irreversibilidad de la política de gobierno abierto con acciones concretas que se integren en los compromisos. Por ejemplo, lo anterior se puede materializar a través de compromisos presupuestarios específicos con el plan de acción, así como una labor de sensibilización y capacitación de la ciudadanía más decidida y amplia, empezando por la educación primaria y secundaria.

Se trata de un proceso de evaluación abierto a la participación de la ciudadanía, de manera que se puede participar hasta el 19 de septiembre de 2018. Se puede comentar directamente en el documento a través del enlace disponible, o enviando un correo electrónico a: irm@opengovpartnership.org (especificando si se prefiere permanecer en anonimato). En un segundo post, con el informe definitivo, plantearemos alguna idea adicional sobre el proceso y el contenido sustantivo de la evaluación.