Publicación sobre cómo se estudia el Gobierno Abierto a nivel internacional

Acaba de publicarse un artículo (escrito junto a Edgar A. Ruvalcaba y Rafael Valenzuela) en el que analizamos la primera ola de investigación sobre Open Government a nivel internacional (Revisiting the Open Government Phenomenon. A Meta-Analysis of the International Literature). Bajo el interés de conocer cómo se está estudiando científicamente el fenómeno del Gobierno Abierto, en este trabajo tratamos de dar respuesta a tres cuestiones: (1) ¿Cómo se analiza el Gobierno Abierto? (tipo de diseño; técnicas de investigación; aproximación metodológica); (2) ¿Dónde se analiza el Gobierno Abierto? (departamentos universitarios; países de origen de las universidades de los autores; países analizados; nivel de gobierno); y (3) ¿Cuáles son los temas relacionados más analizados así como los conceptos clave en el estudio del Gobierno Abierto? (temas; palabras clave). Las cuestiones metodológicas y técnicas quedan explicadas en el artículo (el análisis se centra en casi 200 artículos publicados a lo largo de 5 años). Aquí sólo me detengo en los principales resultados y las implicaciones de este estudio para el futuro del Gobierno Abierto.

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Los resultados derivados del análisis realizado sobre la literatura sobre Gobierno Abierto a nivel internacional arrojan algunas conclusiones de interés que se exponen a continuación. Primero, los datos muestran que la investigación científica sobre Gobierno Abierto todavía es emergente en términos de consolidación de diseños, técnicas y metodologías utilizadas para el estudio del fenómeno, sobre todo, por la limitada utilización de estudios cuantitativos y de carácter explicativo. En otros términos, predominan las investigaciones normativas, basadas en datos con fuentes documentales y con un fuerte peso de los estudios de caso. Aunque los estudios de caso o las fuentes documentales son importantes, el hecho de que predominen como lo hacen en la literatura internacional demuestra que nos encontramos ante análisis, en buena medida, todavía exploratorios o sin capacidad predictiva.

Como cabía esperar, la investigación científica sobre Gobierno Abierto se concentra en determinadas áreas geográficas, tanto en términos de personal investigador, como en lo que respecta a los países y niveles de gobierno analizados. De entrada, es interesante confirmar que la comunidad científica que analiza el Gobierno Abierto tiene un carácterdisciplinar heterogéneo, si bien destaca el área de Administración Pública, por encima de otras con niveles equivalentes de presencia, incluyendo Sistemas de Información, Ciencias de la Computación, Economía, Comunicación o Ciencia Política. Adicionalmente, y como era esperable, los estudios son desarrollados mayoritariamente por científicos del ámbito anglo-americano, destacando aquí, en cuanto a los países analizados, la correlación con los países donde se desempeñan los científicos: con predominio de EE.UU, Reino Unido y Holanda, con otros casos por detrás, incluyendo México, Europa (desde una perspectiva supranacional), Italia, Alemania, España, Suecia y China. Lo anterior es compatible con un interés mayoritario por el estudio del nivel nacional/federal de gobierno, seguido del local/municipal y, a gran diferencia, el nivel regional/estatal.

En tercer lugar, la investigación científica sobre Gobierno Abierto prioriza el estudio de determinados temas y atiende algunos términos clave relacionados. En concreto, dentro del marco clásico de los tres pilares del Gobierno Abierto (transparencia, participación y colaboración) los dos primeros son los predominantes, aunque la existencia de estudios que engloban dos o tres de esas categorias es también remarcable. Lo anterior indica que el estudio integral del Gobierno Abierto es prioritario, no obstante muchos estudios todavía se centran de forma concreta en la transparencia o participación ciudadana. Junto a ello, entre los términos clave relacionados con Gobierno Abierto cabe señalar: datos abiertos, redes sociales, democracia digital, gobierno 2.0, transparencia, e-participación, gobierno, democracia, acceso a la información, rendición de cuentas, etc. En suma, el Gobierno Abierto se entiende dentro de una constelación de ideas y términos de referencia que refuerzan una idea de dispersión conceptual.

A partir de los resultados anteriores de nuestro estudio, planteo algunas implicaciones para el Gobierno Abierto, con interés no sólo para quienes investigamos este tema, sino también para quienes están implicados en su implementación (ya que es necesaria su colaboración). Primero, es necesario dar un salto adelante para acceder a una etapa de madurez de la investigación sobre Gobierno Abierto. Propuestas metodológicas mixtas (cuantitativas-cualitativas), uso de técnicas de recogida de datos más amplias o empleo de método de caso combinado con estudios comparados podrían facilitar este proceso. Lo anterior se relaciona directamente con la necesidad de ampliar la comunidad científica que investiga el tema, así como el conocimiento comparado en contextos geográficos más amplios, que amplíen las miradas y permitan ofrecer conclusiones más afinadas. En este terreno, destaca la necesidad de incorporar el estudio de los gobiernos locales por su capacidad de incluir algunas de las innovaciones más avanzadas en la materia. Finalmente, el estudio integral del Gobierno Abierto es esencial para entender su complejidad, así como para generar conocimiento con miras a construir teoría.

La investigación científica sobre Gobierno Abierto también puede aportar valor desde una perspectiva más práctica a quienes se encargan de su implementación en diferentes niveles de gobierno y administración. En conreto, la investigación científica sobre Gobierno Abierto puede contribuir a resolver algunas de las inquietudes sobre transparencia, participación o colaboración que están presentes entre el persoal directivo público encargado de su implementación (para ver algunas de esas inquietudes, ver el siguiente estudio), algo que permite conectar el estudio científico con la práctica administrativa. Adicionalmente, quienes estudian el Gobierno Abierto también pueden ofrecer ideas sobre cómo guíar sus siguientes pasos en los gobiernos y administraciones públicas, sobre todo, compartiendo prácticas o experiencias exitosas o descartando otras. También, se han de prever tendencias, como el avance hacia un Estado Abierto (que integre los diferentes poderes y niveles de gobierno) o la necesidad de adaptarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por consiguiente, la necesidad de tender puentes entre investigación y práctica en Gobierno Abierto, en particular, y Gestión Pública, en general, sigue estando más vigente que nunca.

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Para hablar del DNI electrónico

Ayer apareció una nota en EL PAÍS sobre un error tipográfico en el DNI electrónico. Aparte de los problemas de seguridad, etc., etc., me parece una excusa perfecta para hacer una alusión al DNI electrónico en España. Cada vez más presente en los billeteros, carteras y demás utensilios para guardar billetes, tarjetas, etc., conviene hacer una breve reflexión sobre el alcance de esta herramienta tecnológica de primera necesidad para el desarrollo de la Sociedad de la Información, en general, y de la eAdministración, en particular. Especialmente en nuestras sociedades europeas continentales.

No cabe duda de que socialmente el eDNI se encuentra totalmente aceptado en España. A diferencia de lo que sucede en otros contextos, especialmente los países anglosajones, en España se ha asumido de una manera generalizada la necesidad de un documento de identidad electrónico con cierta indiferencia, cuando no con íntima satisfacción (aunque no se tenga idea de lo que se puede hacer con este pequeño artilugio). Al parecer, somos poco dados a pensar en las posibilidades que se derivan del hecho de que las autoridades públicas dispongan de nuestros datos personales de una manera tan sencilla. ¿A qué se debe esto? ¿Sucede igual en otros países con una tradición juridica, social, política semejante? Son buenas preguntas para estudiar que, por razones obvias, no voy a tratar de contestar aquí.

Tampoco cabe duda de que el eDNI no es todo lo usado que cabría esperar (para realizar trámites telemáticos, claro). Soy consciente de que desde las autoridades públicas, a veces, uno debe plantearse eso de: “que lo tengan primero, ya lo usarán más adelante“. Para usarlo, sin duda, primero hay que tenerlo. Pero convendría que intentáramos esclarecer las razones concretas por las que las personas no están todavía haciendo uso de su eDNI como se podría esperar de un proyecto que ha requerido una inversión tan elevada. Si me apuran, quizá esto lo deberíamos haber previsto de antemano. Pero tampoco nos vamos a poner exquisitos. Aprovecho para dejarles con un vídeo de TVE sobre el 65 aniversario del DNI en España.

Nuevo libro sobre Derecho y Redes Sociales

Incorporo una noticia, que me llega a través de los amigos de la Red Derecho y TICs, sobre la aparición de un nuevo libro: Derecho y Redes Sociales, coordinado por Artemi Rallo Lombarte y Ricard Martínez Martínez. Si bien todavía no dispongo del texto, el índice de autores tiene muy buen aspecto y, desde luego, la temática es de sobra interesante. Les dejo debajo con una parte de la descripción que realiza la editorial sobre el texto:

Nos enfrentamos a una Internet con un modelo de servicios, y por supuesto de negocio, que gira alrededor de tratamientos generalizados de datos personales. Pero, en la sociedad de la Web 2.0 este uso de la información adquiere un valor singular y cualitativo. En una red social los individuos generalmente usan su identidad real, o alguna muy similar, y generan relaciones sociales. Los comportamientos pueden analizarse, la conducta deja rastro y la publicidad y los servicios pueden personalizarse.
Se ha producido un cambio en el rol que juega el internauta. Ya no es un sujeto pasivo. Difunde información en los blogs, opina en los foros, cuelga, con o sin permiso, fotografías o grabaciones de video en los que identifica a amigos o conocidos. Su conducta puede acabar repercutiendo en los derechos de terceros.

Vídeovigilancia y opinión pública

Hace poco se hacía referencia en un excelente post del profesor Dans a los problemas de una sociedad panóptica. En el mismo se hacía una mención a la capacidad creciente de los poderes públicos para acceder en diferentes esferas de la vida privada de los ciudadanos. Sin duda, la controversia y cantidad de comentarios demostró el interés que este asunto despierta entre la comunidad de internautas, en particular.

A propósito de ese post, acaba de publicarse la memoria anual de la Agencia Española de Protección de Datos, donde nos encontramos con diferentes secciones de interés. En concreto, me llamaron la atención algunas conclusiones derivadas del barómetro 2811 del Centro de Investigaciones Sociológicas, en torno a la videovigilancia. Algunas de ellas son las siguientes:

La mayoría de los encuestados se sitúan en una posición intermedia si tienen que elegir entre libertad y seguridad.

En cuanto a las cámaras de videovigilancia, el 68,7% se muestra a favor de su colocación. De ellos, el 66,4% lo apoyan porque proporciona más seguridad, el 18,0% porque permite la identificación de los delincuentes y el 15,2% porque evita delitos.

En contra de la instalación de cámaras se posiciona el 10%. El motivo fundamental para posicionarse en contra es la pérdida de intimidad con un 79,4%. El 43,8 % ve muy bien y el 51,7% ve bien la instalación de cámaras en bancos. En comercios le parece muy bien al 34% y muy bien al 54.3%. En guarderías y colegios le parece bien al 50,6 % y muy bien al 26,6%.

Los lugares donde son menos partidarios los ciudadanos a la instalación de cámaras son los locales de trabajo, en los que le parece mal o muy mal al 36,7 %, y bares y restaurantes, donde le parece mal o muy mal al 36%.

Respecto a la señalización de las cámaras el 62,2 % sabe que debe señalarse su instalación y el 7% cree que no deben señalarse.

El 72,8% se muestra a favor de que se controle la difusión de imágenes grabadas por cámaras de videovigilancia que se emiten por televisión o Internet. El 15% se muestra en contra.

Los casos de difusión de imágenes por Internet o televisión en los que se ha vulnerado el derecho a la intimidad le parece bastante preocupante al 46,0% y le preocupa mucho al 26,9%.

Son datos para la reflexión. En general, nos muestran una sociedad que valora los aspectos positivos que pueda tener la instalación de tecnologías que facilitan la videovigilancia. No obstante, la pérdida de intimidad también se observa como algo importante. Resulta curioso que uno de los ámbitos donde se justifica más su uso sean los colegios y guarderías, ¿quizá no nos gusta que nos vigilen pero que sí tenemos que hacerlo con nuestros hijos? Todo un campo abierto de interés para los investigadores sobre el fenómeno de la privacidad en la Sociedad de la Información. También en las administraciones públicas.

Jornadas SICARM 2010

Dentro de las jornadas anuales de SICARM (Sociedad de la Información en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) se celebra el foro sobre Los retos jurídicos de la protección de los datos personales en Internet, cuyos contenidos tenéis en el siguiente enlace, coordinado por nuestro compañero y amigo Julián Valero., aunque también están por ahí como siempre Lorenzo Cotino y Manuel Fernández Salmerón.

A lo largo de los tres días de duración se ofrece un foro a especialistas, investigadores y personal para debatir los principales desafíos jurídicos y tecnológicos para la protección de los datos personales en la actual sociedad de la información y, en particular, en Internet. En efecto, los avances tecnológicos de los últimos años, y los que están por venir, exigen que debamos plantearnos relevantes adaptaciones en el enfoque jurídico en que tradicionalmente se ha basado la garantía de este derecho.

Un ámbito importante de las jornadas se refiere al papel de los prestadores de servicios de intermediación, que no puede compararse sin más como simples encargados de tratamientos, tal y como demuestra la problemática de la redes P2P desde la perspectiva de la propiedad intelectual. Más aún, la puesta a disposición de información personal en Internet, en especial por los poderes públicos y en las redes sociales, supone un fenómeno desconocido hasta ahora tanto cualitativa como cuantitativamente, por lo que resulta imprescindible reconfigurar las relaciones con otros derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión (caso de los blogs , el secreto de las comunicaciones) con las enormes posibilidades de cifrado de datos o, incluso, con los intereses públicos en la difusión de la información administrativa.

Por su parte, la innovación y simplificación en el ámbito de la eAdministración sólo se concibe fundamentalmente a partir del intercambio automatizado de información, con mayores amenazas por tanto para la privacidad. En última instancia, la dimensión mundial de Internet nos obliga a tener en cuenta las implicaciones que dicha configuración plantea tanto para la determinación de la legislación aplicable como de la jurisdicción competente, incluyendo las autoridades nacionales de control en materia de protección de datos.

Que lo disfruten.